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Impuesto al consumo de inmuebles: nuevas normas
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La Ley de Financiamiento creó el impuesto al consumo de inmuebles (“ICI”) de una manera confusa e incompleta, suscitando gran incertidumbre en desmedro de los negocios. Mediante el Decreto 961 de junio de 2019 se aclaran los puntos más controversiales del ICI y se adicionan nuevas reglas, cuya legalidad si bien en algunos puntos resulta ciertamente cuestionable, el Decreto se presume legal (es obligatorio), lográndose con el mismo la encomiable seguridad jurídica.
Valores de escrituración de inmuebles
Las normas sobre los valores de escrituración fueron severamente endurecidas por la Ley de Financiamiento, buscando que los negocios inmobiliarios se escrituren a valor comercial, sin que en ningún caso este valor pueda resultar inferior a ciertos límites mínimos, so pena de varias sanciones para las partes en caso de infracción. En consecuencia, se busca que en los negocios inmobiliarios se declare la totalidad del precio acordado, cuyo importe sirve de base para liquidar los tributos correspondientes.
Asunción del impuesto al consumo de inmuebles - Parte II
Quien debería asumir el impuesto al consumo de inmuebles (“ICI”) es el vendedor o enajenante, mientras lo contrario no sea dicho en un decreto, concepto de la DIAN o contrato. Esa fue la opinión plasmada en la columna del pasado 22 de marzo a la cual remitimos y que complementamos a continuación.
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Retención en la fuente por la venta de inmuebles
La retención en la fuente a título de impuesto de renta y complementarios por la venta de inmuebles, está llena de normas contradictorias e incompletas. La Ley de Financiamiento empeoró aún más este caos normativo, sin embargo, para fortuna de la seguridad jurídica (ergo para los negocios y los contribuyentes), recientemente la DIAN mediante un concepto organizó y aclaró en buena medida dicho caos; a continuación, sintetizamos el concepto de la DIAN y lo complementamos con escenarios adicionales:
Asunción del impuesto al consumo de inmuebles
La Ley de Financiamiento estableció que, salvo por algunas excepciones, la enajenación de inmuebles cuyos valores superen las 26,800 UVT ($918,436,000 año 2019) se grava con un impuesto al consumo del 2% sobre la totalidad del precio. Aun cuando esta norma improvisada adolece de varios vacíos, ninguno ha suscitado tanto debate como el referente a la identificación de la parte obligada a asumir económicamente el impuesto al consumo de inmuebles (ICI).
